Durante la sesión extraordinaria desarrollada en la jornada de ayer, la Cámara Baja aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Nación del próximo año, tomando como base el dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto.

El PGN 2019 que había sido presentado en un principio por el Ejecutivo alcanzaba la cifra de G. 80,2 billones (13.950 millones de dólares), lo que representa un 7,6% más que el presupuesto de este 2018.

El dictamen de la Comisión de Presupuesto no refleja incrementos con relación al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, dado que se encuentra dentro del margen establecido y respetando la Ley de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo al titular de este órgano, el diputado Arnaldo Samaniego (ANR).

En ese sentido, la propuesta de la citada comisión y que finalmente terminó siendo aprobada por el pleno es de G. 80,061 billones (USD 13.456 millones), por lo que no existe una notable diferencia con relación a la versión inicial.

Para el Presupuesto General de la Nación 2019 se ha optado por realizar una “reestructuración de los objetos de gastos” que consiste en la disminución de gastos superfluos y el redireccionamiento de dichos recursos a otras instituciones más vulnerables.

Entre las modificaciones más importantes contempladas esta versión se encuentra un aumento de G. 47.502 millones para el Ministerio Público, que incluye aumentos para funcionarios del área jurisdiccional y administrativa, la creación de 75 cargos para asistentes fiscales, médicos forenses, peritos, psicólogos y trabajadores sociales. Así también, se previeron rubros para bonificación y gratificaciones por G. 30.000 millones.

PRINCIPALES DELINEAMIENTOS DEL PGN 2019

*SALUD: G. 5.4 billones (aumento del 12.5% respecto al ejercicio fiscal vigente a ser destinados para el fortalecimiento de Unidades de Salud Familiar existentes y creación de 40 nuevas unidades; construcción de dos nuevos hospitales Barrio Obrero y Coronel Oviedo).

*EDUCACIÓN: G. 7.2 billones (aumento del 11.4% con respecto al presupuesto vigente para asegurar mantenimiento de programas compensatorios como útiles escolares, merienda escolar y becas para docentes y estudiantes).

*PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL: G. 1.9 billones para personas en situación de vulnerabilidad (200.000 adultos mayores, 160.000 familias del programa de Tekoporâ, 3.985 beneficiarios del subsidio a pescadores y para el programa de Tenonderâ, unos 10.000 beneficiarios).

*INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA: G. 4.9 billones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) (construcción de sistema de agua potable, construcción de caminos vecinales, alcantarillado sanitario, incremento de red vial pavimentada, soluciones habitacionales y mejoramiento de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica).

En conversación con el canal GEN/Nación Media, Pamela Alarcón relató la pesadilla que les tocó vivir desde hace casi un año, al contratar lo servicios de un contratista para la construcción de su casa, pero terminó siendo estafada.

John Washington Báez Vargas fue contratado por Alarcón y su familia para cumplir el sueño de la vivienda propia en Fernando de la Mora a finales del 2024.

El hombre, quien sería cercano a la familia, recibió el 85% del pago total por los trabajos que debía realizar, pero meses después de iniciar la obra, dejó completamente abandonada y la casa a medias.

Las obras debían concluir en mayo del 2025 según el contrato, pero mucho antes de la fecha estipulada el supuesto contratista dejó paralizada la obra sin dar explicaciones, relató la mujer.

En medio de la desesperación por no hallar respuestas por parte del hombre, recurrieron a dos arquitectos independientes que confirmaron graves falencias: el techo es 100% inutilizable y falta el sistema de alcantarillado y desagüe.

Tras varios meses de abandono, parte de la muralla ya colapsó y ahora temen que la estructura afecte a los vecinos.

“Un trabajo admirable. La captura de Sebastián Marset es una señal poderosa de que cuando hay determinación, coordinación y coraje, el crimen no puede esconderse para siempre”, expresó el presidente Santiago Peña.

El mandatario emitió su reconocimiento hacia el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y a todos los equipos que hicieron posible este operativo.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de América Latina, fue capturado este viernes en Bolivia y expulsado inmediatamente a Estados Unidos, informó el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil. Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares por información que llevara a su captura.

El pedido fue presentado por el diputado colorado Edgar Olmedo, con el objetivo de contar con información oficial y detallada por parte de la Dirección Nacional de Migraciones respecto al marco normativo y los procedimientos aplicados en materia de naturalización de extranjeros, así como sobre los mecanismos de control y fiscalización implementados en los principales pasos fronterizos del país.

La iniciativa legislativa se fundamenta en la importancia que reviste la política migratoria para el interés público, la seguridad jurídica y la protección del ordenamiento institucional del Estado.

En ese sentido, se solicita al organismo competente remitir las disposiciones constitucionales y legales que regulan la adquisición de la nacionalidad paraguaya por naturalización, incluyendo los requisitos de residencia, conducta, medios de vida lícitos y demás condiciones probatorias exigidas por la normativa vigente.

Asimismo, se requiere información sobre el procedimiento administrativo o judicial aplicable para la obtención de la ciudadanía, así como los plazos mínimos de residencia continua que deben acreditarse previamente a la presentación de la solicitud correspondiente.

El requerimiento también abarca los procedimientos y la documentación exigida para el ingreso, salida y permanencia regular de extranjeros en el territorio nacional, conforme a la legislación migratoria vigente, incluyendo la obligatoriedad del registro de entrada y salida en los pasos fronterizos habilitados.

De igual manera, se solicita detallar los criterios de fiscalización aplicados en la zona fronteriza de Ciudad del Este, particularmente, en el Puente de la Amistad y otros pasos internacionales con el Brasil, especificando si existen procedimientos especiales relacionados con el tránsito vecinal fronterizo, regímenes de libre circulación o controles perimetrales.

El informe deberá incluir, además, los requisitos documentales y los plazos que deben cumplir los residentes permanentes antes de iniciar el trámite de solicitud de ciudadanía paraguaya, así como el régimen sancionatorio vigente para extranjeros que incumplan los plazos de permanencia legal en el país.

Finalmente, se requiere información sobre los mecanismos de coordinación existentes entre la autoridad migratoria y otras instituciones del Estado para el control efectivo en fronteras y pasos internacionales.

La propuesta establece un plazo de 15 días para la remisión del informe solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 5453/15, “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional”, referente a los pedidos de informes del Poder Legislativo.