Latorre, en contacto con la 970 AM, expresó que no sabe en qué concepto Arrom y Martí podrían demandar al Estado paraguayo ya que para salvarse de la audiencia preliminar en su contra se dieron a la fuga y pidieron refugio en Brasil, donde siguen residiendo.

Dijo que lo más penoso de la situación es que los estados son “masacrados” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque una sentencia condenatoria del Poder Judicial que -dura entre cinco a 10 años- puede revertirse.

“La Corte Interamericana fue creada con el objetivo de un control al sistema jurídico y hoy se convirtió en un escenario donde la injerencia política supera criterios jurídicos razonables”, sostuvo.

Arrom y Martí, quienes pidieron refugio en Brasil, están sindicados como miembros de la banda que secuestró a María Edith Bordón de Debernardi, un hecho que no fue probado en juicio.

Ambos estarían exigiendo un resarcimiento de US$ 80 millones. La Cancillería y la Procuraduría conformaron un equipo para defender los intereses nacionales ante la Corte.

Rodolfo Duarte, de 43 años, es la víctima mortal del suboficial Ever Ayala, quien fue el que en medio de una disputa con su pareja, en la vía pública, reaccionó de manera brutal contra las personas que iban en un auto al que el agente impedía el paso de vehículo.

Los atacados por el policía, pidieron a bocinazos que el mismo despeje la calle. El funcionario policial, inicialmente aplicó oídos sordos y seguía discutiendo con su mujer. Sin embargo en un momento salió del vehículo y disparó.

El detalle que agrava el cuadro, es que el suboficial Ayala tenía prisión domiciliaria por un homicidio culposo, en el que produjo la muerte de un motociclista en un accidente de transito.

El uniformado solo podía salir de su vivienda para concurrir a su lugar de trabajo. Esa disposición la violò , ya que el día en que realizó el ataque a balazos estaba de franco.

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En ámbito fiscal señalaron que el informe de situación del policía, consigna que cuenta con varios antecedentes de violencia, y de conducta irascible y desproporcionada.

El hecho pone al tapete las pruebas psicológicas que deben pasar los que aspiran a ingresar al cuadro policial. Sucesivos hechos verificados en el ente, demuestran que los episodios de esta naturaleza son numerosos, y ponen en cuestionamiento la calidad de los filtros en el aspecto psicológico.

En el Barrio San Juan, de la ciudad de Luque, a casi dos semanas del luctuoso suceso, la Municipalidad de Luque mandó colocar barandas de seguridad para evitar otra desgracia, según informó el canal GEN/Nación Media.

Además fueron instaladas dos piezas de concreto en el lugar para amortiguar algún impacto e impedir que un vehículo vaya a parar a la zanja.

El 24 de abril, madre e hija fallecieron arrastradas por el raudal, luego de caer a un cauce que no tenía vallas. En la ocasión, se salvaron tres personas, todas ellas, recién egresados del Grupo Lince.

Por el hecho, la Fiscalía formuló imputación en contra del intendente de Luque, Carlos Echeverría, tal cual había ocurrido con el intendente de Lambaré en noviembre pasado, cuando murieron dos militares en las mismas circunstancias.

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La Dirección Nacional de Migraciones efectuó 677 procedimientos de seguridad en frontera durante el primer cuatrimestre del año, destacándose los procedimientos realizados en el marco del operativo JOAPY, que derivó en la expulsión de 25 extranjeros de nacionalidad brasileña vinculados al crimen organizado, que guardaban reclusión en penitenciarías del Paraguay y contaban con orden de prisión en su país de origen.

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Procedimientos efectuados del 01/01/24 hasta el 30/04/24: Impedimentos de salida (357), Inadmisiones (203), Expulsiones (74), Procedimientos de entrega (38), Extradiciones (5).

Los impedimentos de salida fueron aplicados por los siguientes motivos: Por no contar con la documentación de viaje requerida (119), Por carencia de Permiso del Menor (127), Por poseer prohibición judicial de salida (99), Por orden de captura (12).

Las inadmisiones de ingreso al país de extranjeros fueron aplicadas a ciudadanos provenientes de: Argentina (51), Brasil (51), Bangladesh (23)Bolivia (11), China (11), Colombia (10), Uzbekistán (8), Cuba (6), Rep. Popular China (5), Ecuador (3), Haití (3), Nepal (3), Venezuela (3), Perú (2), Estados Unidos (2), India (2), Turquía (2), Botsuana (1), Bielorrusia (1), Argelia (1), Filipinas (1), Rep. Dominicana (1), Líbano (1) y Serbia (1).

Las expulsiones del territorio nacional fueron efectuadas en conformidad con la Ley N° 6984/22 de Migraciones: Expulsiones administrativas y (50)Expulsiones judiciales (24).

Los ciudadanos expulsados son oriundos de: Brasil (54),Argentina (8), Colombia (5), Perú (2), Chile (2), Ecuador (1), Afganistán (1) y Francia (1).

Los procedimientos de entrega se realizaron en coordinación con los organismos de seguridad intervinientes: Paraguay (31), Argentina (2), Brasil (2), España (1), Ecuador(1) y Perú (1).

Las extradiciones registradas corresponden a: Paraguayos extraditados desde Argentina (2), Paraguayo extraditado a la Argentina (1), Paraguayo extraditado al Brasil (1) y Argentino extraditado desde Argentina a nuestro país (1).

Todos los procedimientos fueron llevados a cabo en los puestos de control fronterizos y aeroportuarios habilitados, en conformidad con lo establecido en la Ley N° 6984/22 de Migraciones.

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