El asesinato del fiscal paraguayo de la Unidad contra el Narcotráfico, Marcelo Pecci, tiene tras las rejas a sus autores materiales, pero tristemente, la investigación de los responsables morales pareciera estar muy lejos de su objetivo, pues, Colombia, país donde ocurrió el hecho, no logró ningún avance al respecto y, Paraguay, lugar donde trabajaba la víctima, tampoco llegó a nada desde octubre hasta aquí.

Precisamente para desmontar especulaciones y evidenciar qué se hizo hasta el momento, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, acompañado por el equipo de fiscales encargados de la pesquisa paralela en Paraguay, acudieron a una sesión reservada en el Senado, a fin de exponer el trabajo hasta el nivel prudente de difusión y contestar las preguntas en la medida de las posibilidades.

El senador del PLRA, Líder Amarilla, consideró que la explicación jurídica que dio Rolón fue bastante convincente, en lo relacionado al convenio internacional por el que se rigen los fiscales del crimen organizado y trasnacionales de la región, donde se menciona el factor de territorialidad.

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De no tenerse en cuenta este aspecto, advirtió, hoy existirían dos investigaciones paralelas de principio a fin (autorías materiales y morales) tanto en Colombia como en Paraguay.

“El fiscal general se fue a dar una explicación jurídica y jurídicamente hablando me convence cómo está el proceso en este momento”, opinó Amarilla, en una entrevista con Abc Tv. Indicó que, la investigación local se abrió desde el momento en que se mencionó que los supuestos mandantes estarían en Paraguay.

Para el parlamentario liberal, el aspecto jurídico es el único que compete a la investigación y a los fiscales, no así las opiniones políticas vertidas al respecto y los direccionamientos que, en ese marco, pretenden hacerse.

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“¿Qué harán ahora ciertos medios, que antes celebraban la decisión del Senado de no incorporar a Horacio Cartes como Senador a pesar de las resoluciones favorables, ahora que la situación ha cambiado? Este es el problema que generan ciertos medios a la democracia”, escribió Tuma en su cuenta de X.

En las elecciones generales del 2018, Horacio Cartes se candidató como senador de la nación. Para el efecto, el 11 de abril de ese año, la Corte Suprema de Justicia dio via libre a su candidatura, al declararla constitucional.

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Con este aval, Cartes participó de esos comicios, cuyos resultados lo ubicaron como el senador más votado. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) proclamó su candidatura.

Sin embargo, llegado el momento del juramento, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, decidió no convocar a Cartes y en su lugar llamó a Rodolfo Friedmann, pese a no haber sido electo ni proclamado, requisitos indispensables para jurar.

Lugo hizo una interpretación de la Carta Magna y se tomó las atribuciones de la máxima instancia judicial, la única habilitada para la interpretación de la Constitución. Todo esto, pese a que existían documentos que lo obligaban a llamar a Cartes. Del mismo modo obró con Nicanor, en cuyo reemplazo ingresó Mirta Gusinky.

En aquel entonces, la posición de los medios anticartistas era la contraria a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Hoy, en cambio, se declaran institucionalistas y muy apegados a lo que dicten las leyes y disposiciones judiciales. Es decir, en el fondo, no se trata de que la discusión sea institucional o constitucional, sino quién sea el involucrado, para, a partir de allí, mostrarse a favor o en contra.

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El fallo y Sentencia N° 5/2024 del TSJE con fecha 13 de junio de 2024, indica que “no existe violación del debido proceso, ni se han observado, ni aplicado de manera errónea las leyes electorales vigentes”

El documento agrega que no se observa ninguna vulneración de los derechos de la legítima defensa traducida, “por tanto no se vislumbra fundamento alguno que amerite revocar lo resuelto por el tribunal”.

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Cabe recordar que el 20 de junio de 2023, por unanimidad, el Tribunal de Conducta del Partido Colorado expulsó de su padrón a Gerardo Soria por transgredir el código de ética del estatuto partidario.

Gerardo Soria tiene en su haber un sinfín de denuncias que llevaron al Tribunal de Conducta de la ANR a iniciar un juicio en su contra y la posterior decisión de expulsión.

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En su tiempo fue conocido como “jefe de escritorio” de Itaipú, acusado de no acompañar a la lista 1 en las elecciones del 30 de abril del 2023, lo cual representó una transgresión contra la institución y contra las autoridades electas.

El dictamen de la Fiscalía General del Estado aconseja a la Corte hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González y en consecuencia, se deje sin efecto la resolución por la que se dio su pérdida de investidura.

“La Cámara Alta al resolver sobre la pérdida de investidura de la senadora Kattya González ha tomado un camino diferente al tratado en la resolución en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida”, expresa el documento.

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La Fiscalía agrega que el procedimiento fue “inconstitucional” al soslayar la resolución de la pérdida de investidura reglamentada por la Cámara Alta.

Cabe recordar que a finales del mes de abril, la Sala Constitucional de la Corte dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Katya González en contra de su destitución del Senado. Sin embargo, rechazó la medida cautelar para que sea reincorporada a su banca.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

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El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.