En charla con la 650, la diputada oficialista mencionó que durante la sesión de este jueves darán entrada al informe elaborado por Carolina Llanes, interventora del municipio de Ciudad del Este.

Respecto a la postura de su bloque, reveló que la mayoría entiende que en la sesión donde fue electo Celso Kelembu Miranda hubo muchas irregularidades y no está encuadrada dentro del reglamento.

Contó que sus colegas cuestionan por qué no se convocó a todos los concejales, incluido el presidente de la Junta, y por qué se sesionó fuera del predio establecido para el efecto y sin tener el número necesario de participantes.

La diputada dijo desconocer la postura del mandatario Mario Abdo y el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sobre la problemática generada por los concejales que no aceptaron la renuncia al principio, tal como ambas autoridades cuestionaron.

“No llegué a escuchar al presidente Mario Abdo sobre poner paños fríos y aceptar a Celso Miranda como intendente. Vamos a ir evaluando y cada uno tiene su criterio propio, nosotros sabemos cómo se realiza la intervención”, dijo.

Narváez remarcó que el mandamás no se comunicó con los diputados para bajar línea sobre este conflictivo tema, al argumentar que el mismo se encuentra en Costa Rica participando de la audiencia en el caso de Arrom y Martí.

Por otra parte indicó que un juez electoral deberá determinar si fue o no legal lo realizado por la mayoría de los concejales en el este del país, pero resaltó que mientras tanto debe seguir el proceso de intervención. En ese sentido, los concejales municipales opositores ya iniciaron una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral para invalidar la elección de Kelembu como intendente.

Durante la entrevista radial sostuvo que durante esta sesión extra en Diputados tendrán que valorar qué pasará si luego el TSJE ratifica que sí fue legal la renuncia de Sandra McLeod y la elección de Celso Miranda. Sin embargo, expresó su deseo de que “esta maniobra” no sobreviva en el tiempo.

Coacción sexual y violación son los hechos punibles de los que, recientemente resultaron víctimas ocho mujeres en Coronel Oviedo, donde tres fiscales se distribuyen las investigaciones, con apoyo de la Policía Nacional.

Los testimonios de las atacadas conducen a concluir que hay más de un autor material de las violaciones. Uno de ellos ya fue identificado y, de hecho, cuenta con otros antecedentes penales. La Policía lo está buscando.

La fecha en que cometió los abusos y la descripción de sus características físicas coinciden con dos de los casos investigados.

Además, se trabaja en identificar a otro de los violadores que, según la víctima, terminó herido con arma blanca, precisamente cuando intentaba someter a una mujer, quien terminó defendiéndose con un ataque punzante al abdomen y al hombro del pervertido.

Otra información que maneja la Fiscalía es que los violadores no actuaron solos y que, otras personas se encargaban de actuar de campana, para evitar que el delito sea descubierto.

Una arista adicional en la carpeta fiscal es el robo de objetos domésticos de las respectivas víctimas, mediante la coacción con el uso de puñales y de armas de fuego.

Paralelamente, el Ministerio Público se ocupa de dar contención psicológica a las ocho mujeres que denunciaron los hechos.

El fiscal Luis Trinidad Colmán logró una condena de 3 años de prisión para los comerciantes Juan Carlos Benítez Ledezma (31) y Alejandro Trinidad Coronel (37), quienes fueron encontrados culpables por una millonaria estafa.

El juicio oral se llevó a cabo el lunes pasado en el Poder Judicial de Ciudad del Este, oportunidad en la que se demostró con diversas pruebas la responsabilidad de los acusados en el hecho punible contra el patrimonio.

La denuncia sobre el caso fue presentada en el Ministerio Público el 6 de junio de 2021 por Ángel Sánchez González, propietario de la firma “Sánchez Comercial Import-Export SA”, dedicada al rubro de compra y venta de frutas y hortalizas.

Según los antecedentes, Benítez Ledezma libró cuatro cheques diferidos entre el 1, 2 y 16 de febrero de 2021, y el 3 de marzo del mismo año, por valor total de G. 199.600.000, en concepto de pago de crédito de hortalizas a Alejandro Trinidad Coronel.

Los documentos de pago diferido llegaron posteriormente en poder de la víctima a través de una operación comercial realizada con Trinidad Coronel, quien se dedicaba al comercio al por mayor de materias primas agrícolas.

Según el informe de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación, de fecha 20 de julio de 2021, el emisor formuló una declaración falsa, ya que en el momento de la emisión de los cheques no tenía la capacidad ni la voluntad de pago.

También se verificó mediante respaldo documental, tales como recibo de dinero y factura de crédito, la relación comercial emprendida entre Juan Carlos Benítez Ledezma y Alejandro Trinidad Coronel, en fecha 1, 2, 16 de febrero de 2021 y 3 de marzo del mismo año, cuando recibió los cheques en cuestión a cambio de vegetales y hortalizas por valor de 199.600.000 guaraníes.

Luego, Trinidad Coronel, antes del vencimiento de los cheques, los endosa y entabla una transacción comercial con Ángel Sánchez González, a quien entregó los documentos de pago a cambio de venta de frutas y hortalizas varias.

Posteriormente, los cheques fueron rechazados tras ser presentados en ventanillas del banco Sudameris. Esto considerando que el 18 de marzo de 2021, Juan Carlos Benítez denunció el supuesto extravío con la presentación de una nota de orden de no pago que firmó como titular de cuenta, acompañando incluso el parte policial correspondiente.

De esa manera, se corroboró que Alejandro Trinidad Coronel se benefició con el patrimonio de la víctima con la participación del titular de la cuenta bancaria, Juan Carlos Benítez, cuando este último solicitó la orden de no pago por el supuesto extravío.

Por lo tanto, los dos involucrados en la millonaria estafa fueron procesados en su momento y finalmente condenados a 3 años de prisión, que deberán cumplir en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. El Tribunal que emitió el fallo condenatorio estuvo presidido por los jueces Zunilda Martínez, Marino Méndez y Herminio Montiel.

Sindicatos, gremios y organizaciones sociales aprovecharon este 1 de mayo para llevar a cabo diversas actividades, en conmemoración por el Día del Trabajador.

Una de ellas fue una manifestación pacífica que se desarrolló frente al Panteón de los Héroes de Asunción, donde se congregó una gran cantidad de personas, en representación de diferentes sectores.

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La Corriente Sindical Clasista (CSC), el Frente Mujer, la Federación Nacional Campesina (FNC), además de otros gremios, se autoconvocaron para participar de esta protesta.

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la generación de fuentes de trabajo para el sector de la población desempleado, así como el respeto de los derechos laborales de la clase trabajadora y salarios dignos para todos.

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Asimismo, abogaron por el seguro social para todos los trabajadores y expresaron su rechazo al proyecto de ley de la Carrera del Servicio Civil, pues consideran que atenta contra los derechos del funcionariado público.

Los manifestantes realizaron una marcha sobre las calles del microcentro asunceno, concluyendo en la explanada de la Catedral Metropolitana para continuar con la manifestación.