En más de una ocasión, Jorge Brítez expresó su postura contraria al uso de tapabocas, así como a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, y abogó por “tratamientos alternativos” contra el virus. Ahora el legislador propone proteger contra todo tipo de discriminación a las personas vacunadas, con vacunación incompleta y/o no vacunadas contra el virus SARS COV 2, con la intención de garantizar, a cada persona, que no sea discriminada por la decisión que ha adoptado con relación a inocularse o no contra el coronavirus.

En su documento esgrime que no se aceptará la “discriminación, trato diferente, perjudicial, excluyente o restrictivo basado en el estado de vacunación (completa, incompleta y/o nula), que tenga por objeto anular o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.

En esencia prohíbe las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y garantías de estas personas, cuando fuesen impuestas por la sola razón de su estado de vacunación. “La violación de cualquier derecho o garantía que les ampara, será denunciable y/o recurrible ante las autoridades judiciales y administrativas para el reclamo de las responsabilidades civiles, laborales, penales y otras que correspondan, así como el cese del acto discriminatorio”, expresa un párrafo del proyecto de ley.

Plantea que los establecimientos de salud pública, en todos sus niveles, brinden la atención adecuada y necesaria, sin distinción y condicionamiento alguno a las personas, sean éstas vacunadas, con vacunación incompleta y/o no vacunadas contra el Covid-19, que así lo requieran.

Según publica la Cámara de Diputados, lo mismo se estipula para los establecimientos de salud privados y del seguro social que deben proporcionar a sus asegurados la atención integral correspondiente.

Por otro lado, esta disposición también pretende cubrir a todos los trabajadores públicos o privados. “Cada trabajador tiene derecho al empleo en las mismas condiciones originarias acordadas, en los derechos adquiridos, en las garantías y condiciones prescriptas por el ordenamiento jurídico nacional. No se le impondrá condicionamiento relacionados a la vacunación”, expresa.

Además se refiere al derecho a la educación, prohibiendo a todas las instituciones de enseñanza solicitar a sus matriculados las pruebas de haberse sometido a la vacunación.

El libre tránsito también está garantizado por esta iniciativa. Las instituciones migratorias y/o autoridades policiales no podrán condicionar el ingreso o salida del país, ni la circulación dentro del territorio nacional, al estado de vacunación o no vacunación, dice un párrafo del artículo 10 del proyecto.

Las sanciones que se establecen en este proyecto son multa, suspensión o cancelación del registro y clausura de la institución, que serán aplicadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La suspensión y cancelación del registro serán por un plazo de entre seis meses y tres años.

El monto de las multas se calculará teniendo como base el jornal mínimo para actividades diversas no especificadas en la República que, en ningún caso, excederá de cien jornales.

El documento se encuentra, para su estudio, en las comisiones de Legislación y Codificación Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Educación, Cultura y Culto; Salud Pública; y en la de Equidad Social y Género.

El Dr. Federico Schrodel, director del citado hospital, confirmó que la paciente Elena Villar, fue sometida a la intervención quirúrgica para extirparse los quistes de los ovarios, pero que tras la operación presentó complicaciones como fiebre, neumonía, hasta diabetes mellitus tipo 2, que influyeron para la complicación de su estado. En ese sentido, afirmó que, todas las constancias y autorizaciones son firmadas por los parientes, y se ponen a disposición de las autoridades.

En esa línea, detalló que la mujer ingresó el pasado 23 de abril por Urgencias a raíz de un dolor abdominal en el bajo vientre. “Ese día, ella trajo una ecografía donde se observaba una imagen quística de gran tamaño en región anexial derecha, por lo que fue ingresada a quirófano para una laparotomía exploratoria”, refirió. A su vez, indicó que en la cirugía “se observó 600cc de líquido purulento dentro de la cavidad abdominal, un absceso tubo-ovárico de lado derecho de 10 centímetros, y otro de 10 centímetros de lado izquierdo, como múltiples adherencias del epiplón en el intestino, útero y ovario”.

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Luego de la primera cirugía, la paciente fue derivada a una sala de Ginecología, donde presentó fiebre y el personal médico decidió rotar de antibióticos por una probable sepsis a punto de partida ginecológica. “El 29 de ese mes, la paciente presentó cuadros respiratorios por lo que fue evaluada por neumología; también fue evaluada por clínica médica, donde se le solicitó una radiografía y quedó con el diagnóstico de una neumonía”.

Posteriormente, debido a unos trastornos metabólicos, la mujer presentó una diabetes mellitus tipo 2 y el pasado 30 de abril fue trasladada a clínica médica para el tratamiento de la neumonía. En el proceso de su tratamiento para la diabetes, presentó un episodio de una excitación psicomotriz, por lo que fue tratada por psiquiatría, explicó el director.

“En esos días, la paciente presentaba tos por su neumonía y posteriormente, el 13 de mayo, comenzó a presentar dolor abdominal. Se constató que, por herida quirúrgica, había restos alimenticios, por lo que, evaluada por cirugía, que da como diagnóstico una fístula enterocutánea”, subrayó.

Ante esta situación, la mujer nuevamente ingresó a quirófano. “La última cirugía que tuvo fue el 24 de mayo, y posteriormente es ingresada a cuidados intensivos”, indicó.

Finalmente, el director mencionó que todos los documentos del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público y también el hecho fue informado a la X Región Sanitaria. “Todas las constancias y autorizaciones son firmadas por los familiares. Queremos deslindar responsabilidad y ponernos a disposición de las autoridades”, finalizó el profesional.

Durante un encuentro deportivo de futsal inclusivo, en el marco de las Olimpiadas Especiales Paraguay, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió al caso de Nicolás Leoz y el dinero que desvió del fútbol, y que en parte fue a parar a negocios con el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

En ese sentido destacó que a nivel mundial se pudo recuperar más de 150 millones de dólares que pertenecen a la organización y que esto permitió invertir, como por ejemplo en el encuentro inclusivo de la fecha. “Nosotros podemos tangibilizar la inversión que se hizo con el dinero recuperado”, resaltó.

Domínguez refirió que aún queda por recuperar todo el dinero del fútbol. “Nosotros como Conmebol le dimos una lucha y le seguimos dando, y no vamos a parar hasta hacer justicia, de enfrentarnos a los poderosos que todavía tienen el dinero del fútbol. Ese dinero debe estar aquí, en el campo de fútbol, desarrollando el deporte inclusivo, no en el bolsillo de los dirigentes”, arremetió.

Es importante remarcar que en Paraguay, parte del dinero desviado por Nicolás Leoz sigue en poder del banco Atlas. El ex dirigente deportivo entregó al Banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

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Durante un control de rutina desarrollado en la mañana de ayer en la aduana brasileña del Puente de la Amistad, se logró demorar a un hombre de nacionalidad paraguaya.

El compatriota fue abordado por funcionarios de la Receita Federal y la Policía Federal, quienes procedieron a retener el vehículo en el que se desplazaba para una inspección.

Antecedentes: Otro paraguayo cae con importante carga de marihuana en el Puente de la Amistad

Fue así como pudieron detectar la presencia de un doble fondo en el paragolpes trasero del automóvil, sitio en el que había sido oculta una importante carga de droga.

Tras el pesaje correspondiente, se constató que se trataba de 138 kg de marihuana prensada, distribuidos en 245 paquetes.

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El compatriota -cuya identidad no fue revelada- fue trasladado junto con la droga a la base de la Policía Federal para los trámites de rigor. El mismo se expone a 15 años de cárcel por tráfico internacional de drogas.

De un tiempo a esta parte, aumentó de forma notable el número de incautaciones de droga (sobre todo marihuana) transportadas por ciudadanos paraguayos, con destino a territorio brasileño.