Analizan últimos movimientos del diputado Quintana

El agente fiscal Ysaac Ferreira se constituyó esta tarde hasta el edifico Tower donde en conversación con los administradores y propietarios accedieron de manera colaborativa y voluntaria a entregar el disco duro de registro de imágenes del circuito cerrado del lugar.

Los peritos informáticos realizarán la extracción y organización de imágenes para posterior evaluación del fiscal de la causa.

Quintana está siendo investigado por la Fiscalía por supuestamente estar vinculado al presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña alias “Cucho”. Los vínculos surgieron en principio cuando los investigadores hallaron que el legislador se movilizaba en una camioneta perteneciente al sindicado por narcotráfico.

Además, está señalado por supuestamente haber incidido en la liberación de una camioneta, guiada por Diego Medina, en la que se ocultaban US$ 190.000 en efectivo que iban a ser destinados al pago de una coima para comercializar drogas.

Medina habría sido enviado por el propio “Cucho” y uno de los que intervino para su liberación fue el diputado por Alto Paraná.

El diputado fue despojado de sus fueros en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el pasado desde miércoles. Posteriormente de ordenó su detención, y desde ese momento se encuentra con el paradero desconocido y siendo buscado por la Policía Nacional.

 

VÍDEO | Mujer 'alteada' por hablar en celular al volante arrastró 150 metros a policía de tránsito

Una conductora, furiosa luego de haber sido alteada por estar hablando por celular mientras manejaba, arrastró unos 150 metros a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción. La mujer detuvo la marcha cuando dos vehículos le cerraron el paso y así el inspector se salvó de una circunstancia peor.

El hecho ocurrió este viernes a las 10:45 sobre la avenida Fernando de la Mora casi República Argentina, al costado de la Terminal de Ómnibus de Asunción. El agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) Francisco Gómez alteó a una mujer identificada como Isabel Maldonado, oriunda del barrio Sportivo de la ciudad de Itá porque se encontraba hablando por celular mientras conducía su automóvil Toyota tipo Yaris.

La mujer, molesta por la “alteada”, intentó evadir al agente pero éste no se lo permitió. Gómez se puso a la altura del capó del vehículo y continuó pidiéndole que se detenga pero Maldonado continuaba una lenta marcha.

En un momento, decidió acelerar y el agente Gómez subió sobre el capó quedando acostado sobre el capó, de espaldas al automóvil. El hecho fue captado por una pasajera desde el vehículo que iba en frente.

Cruzando la avenida República Argentina, un taxista le cerró le paso lateral mientras que el vehículo que iba adelante hizo que Maldonado no tenga otra que detenerse, luego de 150 metros de recorrido. En ese momento descendió el inspector Gómez y le solicitó a la mujer que detenga la marcha. Hasta un último momento, según se puede observar en el video, la infractora intentó evadir al agente pero finalmente no pudo hacerlo.

El inspector de la PMT Manuel Gamarra, expresó a HOY Digital que gracias a la acción de los automovilistas que le cerraron el paso a Maldonado el hecho no pasó a mayores. Si la mujer continuaba su marcha, el inspector pudo haber resultado herido e incluso pudo haber tenido un peor desenlace.

Finalmente, la mujer recibió la multa de G. 893.000 por la infracción que cometió y su vehículo fue retirado de la vía pública y trasladado al corralón de la PMT.

 

El Estado manejará los moteles de Cucho: en teoría debería "rendir" US$ 1.000.000 por mes

La cadena de moteles y otros bienes de Reinaldo Javier 'Cucho' Cabaña están siendo analizados para determinar cuáles son los que serán administrados por el Estado y cuáles serán devueltos.

Karina Gómez, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), explicó que el Ministerio Público es el encargado de la incautación y posteriormente se evalúa lo que es derivado del dinero ilícito.

En ese sentido, indicó que la Fiscalía sigue evaluando los bienes que fueron decomisados en el marco del operativo Berilo en Alto Paraná. Además, se están realizando los procedimientos correspondientes, consistentes en auditoría de las empresas y verificación de la normativa legal para seguir operando.

En relación a los moteles y la preocupación de los empleados por mantener sus puestos de trabajo, la ministra sostuvo que se analiza la viabilidad para que sea administrada por el Estado, caso contrario se informa a la Fiscalía.

“Estamos capacitados para administrar cualquier tipo de negocio. Pero, sería irresponsable darles la tranquilidad a los empleados de que la empresa va a continuar, hasta no tener un informe”, subrayó.

Gómez indicó que en caso de que dichos bienes no puedan ser administrados por el Estado, la Ley otorga una figura de venta anticipada y es avalada por un juez.

Con respecto a la subasta de bienes, dijo que el 50% del dinero va destinado a causas sociales, 25% a la institución encargada del operativo y el restante queda para la Senabico.

Según la fiscalía, se estima que Cucho manejaba alrededor de 250.000 dólares por semana. El acusado de narcotraficante señaló que todo lo que poseía y facturaba, era dinero proveniente de sus negocios de moteles y “ocasionalmente” por venta de autos.

 

Pastor que confiscó objetos sagrados a nativo se expone a cinco años de prisión

La Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público denunció a Serafín Navarro, pastor de una iglesia evangélica, por los hechos punibles contra los pueblos, genocidio y crímenes de guerra. Fue luego de haberse viralizado imágenes donde el religioso confiscaba objetos sagrados a un nativo bajo la excusa de que estaban poseídos, en una vivienda humilde de Caaguazú.

En las imágenes, viralizadas a través de las redes sociales, se observa a un hombre quien decía ser pastor retirando las pertenencias de un anciano que se encontraba en el interior de su vivienda. Cuando se grabó el vídeo, algunos objetivos ya habían sido destruidos.

La denuncia se basa a lo establecido en el artículo 319 del Código Penal paraguayo, en el que se refiere al genocidio y establece: “el que con la intención de destruir, total o parcialmente, una comunidad o grupo nacional, étnicos, religioso o social”, mientras que en el numeral 4 se tipifica: “el que imposibilitará el ejercicio de sus cultos o la práctica de sus costumbres, será castigado con una pena privativa de libertad no menor a cinco años”.

“Es categórico que nadie tiene derecho a disponer de las pertenencias de los indígenas y menos destruirlas, por lo que se debe dejar constancia de que se violaron los derechos de una persona indígena en un ámbito comunitario, así como de todo un pueblo indígena. Esos preceptos constitucionales fueron garantizados para la comunidad”, indica el texto presentado por la Fiscalía.

Por su parte, el pastor Serafín Navarro en un intento de justificación de su conducta manifestó que entre los indígenas existen objetos de brujería e indicó que seguirá haciendo sus recorridos para “expulsión de demonios”.