Los magistrados Juan Carlos Zárate, Maria Fernanda Garcia y Héctor Capurro dieron inicio este lunes al juicio oral y público a Camilo Soares, extitular de la SEN, y Alfredo Guachiré, quien era el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). Ambos están acusados por lesión de confianza por el caso de los “coquitos de oro”.

En la ocasión, el abogado Juan Sosa Bareiro, en representación de Camilo Soares, solicitó al Tribunal de Sentencia que declare la prescripción de la causa por los años que ya lleva vigente. Esta misma solicitud había hecho la defensa ante la Sala Penal de la Corte, pero esta la rechazó.

ENLACE #Apunto | @AldoYnsfran

Desde el Palacio de Justicia. Inicia el juicio oral a Camilo Soares.

12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal
https://t.co/fYMaekk5tL
@Universo970py pic.twitter.com/MvjBlQhBnr

— GEN (@SomosGEN) March 2, 2020

“Nadie puede ser condenado cuando la expectativa de pena ya supera el doble de la condena, que en este caso es de cinco años”, detalló el letrado a la radio Universo 970 AM.

En el marco de este juicio, los integrantes de la Federación Nacional de Familias en Extrema Pobreza (Fenafepo) se manifestaron frente al Palacio de Justicia contra la corrupción y para exigir un “castigo ejemplar” para ambos acusados.

ENLACE #2EnLaCiudad | @ro_wachugi

Manifestación contra Camilo Soares. Familias afectadas por el aquel caso “Coquitos de Oro”.

12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal
https://t.co/fYMaekk5tL
@Universo970py pic.twitter.com/1u5nOzloaE

— GEN (@SomosGEN) March 2, 2020

La supuesta sobrefacturación en la adquisición de alimento se produjo bajo la administración de Soares supera los 1.224 millones de guaraníes. De acuerdo a los datos, los coquitos se compraron a G. 10.000 el kilo en el año 2009, cuando en realidad el precio era menor G. 4.500.

La imputación del caso data de abril del 2010 y fue realizada por el entonces fiscal anticorrupción y actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

Te puede interesar: Selva Hũ se dedica a vender ropas “Todo x 20 mil” y no a plantar marihuana, dice su abogado

La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.