Este 14 de septiembre se recuerda el “Día Mundial de la Dermatitis Atópica”, fecha en la que las comunidades de pacientes de todo el mundo unen sus fuerzas para concientizar sobre la enfermedad y comunicar sobre las consecuencias físicas, económicas y mentales que soportan quienes padecen esta condición de la piel.

Los pacientes con dermatitis atópica buscan lanzar un mensaje de unidad y esperanza, insistiendo además en su derecho a acceder a una atención y un tratamiento adecuados.

La dermatitis atópica es una de las enfermedades de la piel más prevalentes del mundo y es mucho más que un simple picor de piel.

Se trata de una enfermedad sistémica y multidimensional que afecta también a la mente y al cuerpo de más de 230 millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, a pesar de su prevalencia, a menudo se la descarta como “afección cutánea nada más”, dejando a los pacientes sin la atención multidisciplinaria que realmente necesitan.

Desde la comunidad Hablemos de Psoriasis en Paraguay, quienes la integran hacen un llamado a los profesionales sanitarios, a los responsables de las políticas sanitarias y a todas las partes interesadas a que reconozcan y se puedan tomar medidas para aliviar la carga que supone padecer dermatitis atópica.

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La Dra. María Paz Fabio, dermatóloga, resalta que se trata de una enfermedad compleja de la piel, que tiene un peso tanto para pacientes como para el entorno familiar de los mismos.

A nivel mundial, la dermatitis atópica afecta hasta al 20% de los niños y al 10% de los adultos. Además, los pacientes con esta condición pasan la mayor parte de su vida requiriendo cuidados y un tratamiento diario exhaustivo.

Mucho más que un prurito

Cuando hablamos de dermatitis atópica nos estamos refiriendo a una patología que produce un gran impacto en la vida de las personas que la padecen, en su familia y en la sociedad en su conjunto.

Especialmente en los pacientes con enfermedad moderada a severa quienes tienen dificultades para dormir y para realizar sus actividades cotidianas.

“Es importante saber que no estamos ante una enfermedad contagiosa. La dermatitis atópica se encuentra en un grupo de enfermedades que se manifiesta a través de alteraciones en la respuesta inflamatoria y del sistema inmune en diferentes órganos, como piel, pulmones, nariz, ojos y sistema digestivo”, explicó la doctora.

La complejidad de esta condición, radica en que el compromiso de los otros órganos puede dar lugar a otras enfermedades, como asma, rinitis, conjuntivitis atópica o alergias alimentarias.

Aunque son cuadros que se presentan en forma simultánea sólo en un bajo porcentaje de los pacientes, el impacto en su vida diaria se percibe en diversas dimensiones.

Ante todo, la dermatóloga rescata que en la actualidad existen nuevas terapias para abordar los síntomas más severos de la dermatitis atópica.

“La medicina actual está en constante avance y nos ofrece mejores herramientas para manejar la complejidad de la dermatitis atópica moderada a grave, por lo que insto a consultar de manera oportuna con su dermatólogo de confianza”, finalizó la profesional.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.